El asalto a la privacidad ya es oficial, y consentido

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El debate de hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad, nuestros datos, a cambio de servicios online vuelve cada vez que hay un hackeo como el que dejó al descubierto las infidelidades de millones de personas casadas que habían confiado en la web de contactos ashley madison. Mucho más grave es cuando salta un escándalo como el de Cambridge Analytica, con la filtración de datos de usuarios de Facebook con fines electorales.

También resulta cada vez más frecuente comprobar cómo los teléfonos inteligentes o los asistentes de hogar escuchan nuestras conversaciones y nos ofrecen publicidad supuestamente adaptada a nuestros intereses. El precio de recibir servicios gratis nos convierte (a nuestros datos) en el producto intercambiado por dichos servicios y, conscientemente o no, consentimos. Recientemente, Irlanda y Reino Unido han acusado a Google de, presuntamente, recopilar información confidencial y ponerla a disposición de los anunciantes.

Estas prácticas se están extendiendo de tal modo que, como explican Murakami y Monahan en Surveillance & Society, ya no son solo plataformas como Google, Facebook, Uber o Amazon (“hemos visto cómo las plataformas controlan cómo la gente socializa, cómo se informa y cómo se entretiene”) las que hacen depender su funcionalidad de las “operaciones de vigilancia”. Se está produciendo, dicen, “la metamorfosis de las tradicionales infraestructuras en entidades de plataforma dentro de un universo de plataforma más grande”. Es decir, la recogida y tratamiento de datos se ha extendido más allá de los gigantes tecnológicos y su presencia es cada vez más universal.

Proteger al usuario

Para contrarrestar dicha tendencia y tratar de proteger al usuario van surgiendo normativas como RGPD, que establece multas de hasta 20 millones de euros si se vulneran los derechos en materia de datos.

En este entorno al que se refieren Murakami y Monahan, me ha llamado la atención la última herramienta presentada por el INE sobre la renta de los hogares, que para ámbitos superiores a 2.500 habitantes publica estos indicadores desagregados por sexo, grupos de edad y nacionalidad (españoles/extranjeros), lo que permite un análisis “muy pormenorizado” de la distribución de la renta de los hogares en España, según destaca Estadística.

Efectivamente, se trata de una herramienta muy completa, similar a la ya utilizada con los resultados de las elecciones, que permite hacer estudios interesantes y da mucho juego a los medios de comunicación y estudiosos. De hecho, con dichas herramientas podemos saber, calle por calle y manzana por manzana, la renta de los hogares y lo que se vota. El titular más repetido en la cobertura de su presentación fue de este tipo: “¿Cuánto gana tu vecino?”

No dudo de que el INE cumpla escrupulosamente los requisitos legales y no incurra en ninguna violación legal del derecho a la intimidad. Pero me llama la atención hasta qué punto hemos normalizado la exposición pública de nuestras vidas. Ahora, cada vez que entro al banco online me ofrece el dato de cuánto vale en la actualidad mi piso y ni siquiera tengo hipoteca con esa entidad, cruzan datos para captar mi atención y ofrecerme sus productos.

Estoy totalmente a favor del avance tecnológico y reconozco que me hace la vida mucho más fácil contar con aplicaciones como WhatsApp, Bizum, GPS… Pero en algún momento la sociedad va a tener que plantearse dónde establecemos los límites con mayor claridad. ¿Qué pasaría si nuestro seguro de vida o de salud disparase la cuota porque hubiera detectado algún riesgo en nuestro estilo de vida?

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Imagicus

#1
04.oct.2019 | 14:10

Todos estos debates sobre la privacidad personal están más anticuados que los carros de bueyes. Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están ya en situación de saber lo que hacemos o no hacemos cada segundo del día. ¿Qué harán en el futuro con esos datos? Desde luego nada que nos beneficie, evidentemente. Y ojo, aún no se ha instalado de verdad el internet de las cosas y la IA.

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